PELIGRO GRAVÍSIMO: Las democracias militarizadas

Desde México hasta la Argentina, los gobiernos subordinados a Washington reprimen usando abiertamente a los militares o se militarizan para reprimir los conflictos sociales.





    Mientras en México la periodista Denise Dresser denunciaba un gravísimo chantaje militar al presidente civil Enrique Peña Nieto, el presidente argentino Mauricio Macri anunciaba que gastará 40 mil millones de pesos en armamento para las Fuerzas Armadas, a las que ocupará en tareas político-policiales violatorias de las leyes de Defensa y de Seguridad. 


    Ambos anuncios, particularmente gratos para el Pentágono, se producen aún antes de que el multimillonario belicista Donald Trump asiente sus posaderas en el Salón Oval.


    En 2006, al llegar mediante un fraude electoral al poder, el democristiano derechista Felipe Calderón, declaró la guerra al narcotráfico y sacó el Ejército a la calle para aplastar (supuestamente) al narcotráfico. Una mentira que escondía un propósito siniestro: reprimir, sitiar y mantener en un redil a las fuerzas sociales y políticas qyue cuestionaban su ascenso espurio al poder.



    La idea no era nueva: desde hace muchos años, desde la implosión de la URSS y la creación del “narcoterrorismo” como nuevo enemigo universal, el Pentágono venía impulsando la militarización de las “democracias” aliadas a Washington.




    Los resultados, a juzgar por el informe de Denise Dresser y otros analistas que no son precisamente de izquierda, es desastroso. En lugar de combatir el narcotráfico, los militares mexicanos lo administran en su beneficio y operan junto con los narcos para reprimir de manera salvaje a los que estorban, como ocurrió con los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Ayotzinapa.




    El actual secretario de la Defensa mexicano, general Salvador Cienfuegos, amenazó con un levantamiento militar si no le dan la cobertura constitucional que requiere para que sus tropas sigan en las calles. En otras palabras, impunidad para los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el Ejército. Según Dresser, en diez años de “guerra contra el narco”, el Ejército desplegó 52 mil efectivos, realizó 84 operaciones para “reducir la violencia”, estableció 75 puestos de seguridad, produjo con sus supuestos antagonistas 213 mil muertos, “con un índice de letalidad espeluznante: el Ejército mata a 8 por cada uno que hiere”. La guerra contra el narco provocó, además, 30 mil desaparecidos, 12.408 quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, intervenciones de la CIDH y la ONU, que ni despeinaron a Peña Nieto, amparado en la supuesta “constitucionalidad” de su gobierno, ni afectan las apiraciones de la mujer de Calderón, Margarita Zavala, candidata a presidenta en las elecciones del 2018.




    ¿Es esto lo que pretende Mauricio Macri para la Argentina?. ¿Una democracia que iguale o supere las desapariciones forzadas de la dictadura militar? Este gobierno que acusa de irresponsables a los que quieren disminuir o eliminar gravámenes al trabajo, puede desembolsar alegremente 40 mil millones de pesos para comprar armas, en los próximos dos años. ¿No es esta una incongruencia demasiado grande para atribuirla simplemente al escaso coeficiente intelectual del Presidente? ¿No es jugar con fuego?


    Ya lo están haciendo, con la complicidad del ex ambientalista Julio Cásar Martínez, actual ministro de Defensa.


    Hay varias casualidades más y, ya se sabe, más de dos casualidades marcan una tendencia, es decir, una política.


    Ese chico lindo y dizque progre, que armó el quilombo de la 125 y hoy es embajador en Washington, Martín Lousteau, anunció ayer un convenio entre las Fuerzas Armadas de Argentina y la Guardia Nacional de los Estados Unidos para diversos efectos, como controlar las fronteras, supuestamente para combatir el narcotráfico, lo que está expresamente vedado a las instituciones castrenses de nuestro país.





    Un día antes, su compañero de gobierno, el Secretario de Seguridad Eugenio Burzaco, confesó que analizaban la posibilidad de reemplazar a los efectivos de Gendarmería que custodian represas y centrales atómicas, por miembros de las Fuerzas Armadas.


    ¿Y la ley de Defensa? ¡qué importan las leyes en este país! ¿Acaso importan la Ley de Bosques o la de Glaciares? ¿Por qué van a tener más peso las que limitan estrictamente a los militares y les impiden intervenir en temas de seguridad interior?


    Ojo: presten atención los movimientos sociales. Porque la eventual salida a las calles de efectivos militares tiende a controlar y reprimir cualquier tipo de protesta frente a la política neoliberal –gerencial, diría- que están aplicando.




    Cuando el poder manda a las calles a un señor con un fusil, el señor del fusil, aterroriza o mata. Así ocurre en todas las dictaduras y también en estas democracias militarizadas.

Miguel Bonasso
Buenos Aires, 13 de diciembre de 2016



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